Este viernes se cumplen 16 días de bloqueos en carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El Gobierno anunció ajustes en el gabinete y prepara “corredores humanitarios” en medio de los piquetes
por INFOBAE
A 16 días de iniciados los bloqueos de carreteras, las protestas en Bolivia se extienden por el territorio. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta 51 piquetes en siete de los nueve departamentos del país, la mayoría concentrados en la región del altiplano, en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.
Para subir la presión contra el gobierno, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari —una de las que lideran las movilizaciones— convocó a una marcha que partirá de la ciudad de El Alto hacia La Paz en un recorrido de 13 kilómetros.
“La unidad y la presencia de las bases serán fundamentales en esta jornada de firmeza”, señala la convocatoria dirigida a los pobladores de las 20 provincias paceñas y seis organizaciones, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas y maestros, con quienes han conformado la “Alianza Unidad”.
La protesta inició hace más de un mes con pedidos sectoriales, como aumentos salariales, mejoras en la calidad de la gasolina o el rechazo a una ley que permitía recategorizar la tierra. A pesar de que el Gobierno logró neutralizar ciertos conflictos negociando algunas demandas, indígenas del altiplano empezaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz —que asumió el cargo hace apenas seis meses—, acusándolo de no resolver los problemas del país y de gobernar mediante decretos en favor de las élites económicas.
“El Gobierno se ha convertido en un representante de la oligarquía boliviana”, explicó David Mamani, representante de la federación campesina. “Ellos quieren gobernar para ellos, no para el sector popular que está desamparado”, afirmó y acusó al jefe de Estado de “pisotear” la Constitución Política del Estado con la emisión de decretos que considera inconstitucionales.
El Gobierno ha descartado la renuncia del primer mandatario mientras mantiene negociaciones con algunos sectores para levantar las protestas, y en las últimas anunció intervenciones policiales para formar “corredores humanitarios” que permitan el paso de insumos básicos a La Paz, donde la población padece el costo social del cerco: escasez de comida y gas, encarecimiento de precios, interrupción en el transporte público y la suspensión parcial de algunas actividades como las clases escolares presenciales o el recojo de basura.
El presidente prometió el miércoles que haría ajustes en su gabinete, pero desde entonces solo sustituyó al ministro de Trabajo, curiosamente uno de los de perfil más bajo, y anunció la creación de un Consejo Económico y Social, entendido como una instancia de diálogo con carácter consultivo a la que serán invitadas las organizaciones sociales.
Si bien hubo un aumento de bloqueos en los últimos días, no se registraron otros episodios de violencia luego de los disturbios del lunes en La Paz, cuando al menos tres marchas coincidieron en el centro de la ciudad y se enfrentaron con la Policía, atacaron oficinas públicas y agredieron civiles.
El Gobierno ha denunciado, sin embargo, el fallecimiento de al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, que no pudieron ser trasladadas a centros hospitalarios debido a los bloqueos. En un comunicado reciente, el Ministerio de Salud instó a los manifestantes a permitir el paso de ambulancias para garantizar la atención médica y subrayó que “la vida está por encima de todo conflicto”.
De momento no se conocen avances sobre posibles negociaciones ni existe una mediación pública entre la administración de Paz y los sectores movilizados. Sin embargo, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo informaron sobre una reunión con dos organizaciones campesinas en la que recogieron “la profunda molestia” respecto a la forma en la que fueron aludidas por el presidente durante un discurso y un pliego de condiciones orientado a restablecer el diálogo con el Gobierno sobre el que no dieron detalles.
En este escenario de conflictividad, la comunidad internacional expresó su respaldo al gobierno e instó a la preservación del orden democrático, entre ellos ocho países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y su “Escudo de las Américas” y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).