La Defensoría del Pueblo exigió una investigación «exhaustiva, independiente y transparente» sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien permanecía bajo custodia del Estado desde el 3 de enero de 2025, anunciada este jueves por el Ministerio de Servicio Penitenciario.
A través de un comunicado, el órgano defensor expresó sus condolencias a los familiares, especialmente a la madre de Quero, Carmen Teresa Navas, con quien recientemente se habían reunido para escuchar su caso.
La Defensoría aseguró que «es imperioso que los organismos competentes esclarezcan «los hechos, determinen las responsabilidades correspondientes y garanticen la justicia» en este caso.
El ente afirmó que este «trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país».
En ese sentido, refirió que se debe avanzar hacia un «verdadero proceso de reconstrucción institucional y de garantía efectiva de los derechos humanos».
En contexto
Más temprano, el Ministerio de Servicio Penitenciario confirmó que Víctor Hugo Quero falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar de Caracas, producto de una insuficiencia respiratoria aguda.
De acuerdo al Ministerio, Quero fue detenido el 3 de enero de 2025, y fue recluido en el Internado Judicial Rodeo 1. Durante su proceso de reclusión, el ciudadano «no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal».
En fecha 15 de julio del 2025, fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo.
Tras diez días bajo atención médica, el 24 de julio del 2025 a las 11:25 p. m., falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar.
Al estar «bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares», se procedió a «su inhumación formal el 30 de julio de 2025» en cumplimiento de los protocolos de ley.
Anteriormente, el pasado 3 de mayo, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, recibió a Carmen Teresa Navas y activó los mecanismos y vías para obtener una «respuesta favorable» ante las denuncias de la señora.
«Ha hecho muchas diligencias, ha ido a diferentes centros de reclusión y manifiesta que no tiene respuestas, y que desconoce el paradero de su hijo. Esta Defensoría ha recibido ya el caso de la señora Carmen Teresa, y queremos expresarle que institucionalmente vamos a activar mecanismos y vías para que haya una respuesta verificable, para que el Estado la atienda, para que su incertidumbre disminuya y su calidad de vida no se deteriore porque todo esto la afecta», declaró la defensora en ese momento.
Por su parte, el miércoles, el abogado Moisés Gutiérrez, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó que un tribunal de control en Venezuela negó la solicitud de amnistía presentada a favor de Quero Navas.
De acuerdo con Gutiérrez, el Tribunal Segundo de Control desestimó el recurso al considerar que los delitos imputados a Quero Navas «no encajan» dentro de los supuestos previstos para la aplicación de beneficios de amnistía.