El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una flexibilización temporal de las reglas de cumplimiento financiero para facilitar las operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica, la estabilidad financiera y la asistencia humanitaria en Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.
La medida fue emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo dependiente del Tesoro, mediante un comunicado en el que estableció que no tomará acciones de supervisión ni emprenderá procedimientos de cumplimiento contra instituciones financieras estadounidenses por prestar servicios autorizados en Venezuela durante el período comprendido entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.
FinCEN explicó que esta decisión responde a los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para apoyar la recuperación económica y la estabilidad financiera en Venezuela, así como facilitar la entrega de ayuda humanitaria y las labores de reconstrucción tras los terremotos registrados recientemente en el país.
Aclaró que las instituciones financieras solo podrán acogerse a esta política si cumplen con los requisitos establecidos, entre ellos mantener un programa de cumplimiento vigente, no haber recibido en los últimos 24 meses una acción final de cumplimiento por violaciones relacionadas con estas normas y continuar respetando las regulaciones y autorizaciones administradas por la OFAC.
Asimismo, precisó que esta medida no protege a las entidades financieras ante violaciones deliberadas, intencionales o conscientes de las obligaciones establecidas en la normativa estadounidense.
«Este compromiso tiene por objeto reconocer que las instituciones financieras que ejerzan una diligencia razonable para evitar violaciones de los Requisitos de la BSA aplicables en apoyo a los esfuerzos de recuperación económica y asistencia ante terremotos en Venezuela no sean sancionadas por acciones que no constituyan violaciones a sabiendas, deliberadas o intencionales de cualquier Requisito de la BSA», concluyó.
En contexto
El pasado jueves, el Banco Mundial informó que una evaluación preliminar estima en 19.600 millones de dólares las pérdidas materiales directas provocadas por los terremotos.
El organismo señaló que la reconstrucción tendrá un impacto directo sobre el desempeño económico de Venezuela e indicó que, si se mantiene el nivel actual de inversión pública y privada, el país tendría que desviar recursos destinados a otros proyectos, lo que podría extender el proceso de recuperación durante una década y generar efectos negativos prolongados sobre la actividad económica.
En cambio, una estrategia con mayores niveles de inversión permitiría acelerar las obras de recuperación y reducir las consecuencias sociales y económicas derivadas de los sismos.
“Los terremotos afectaron vidas, dañaron infraestructura crítica y generaron nuevos desafíos para la recuperación de Venezuela”, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, quien destacó que contar con información confiable es clave para planificar la respuesta.
El organismo informó que trabaja junto al Gobierno venezolano y otros aliados internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), para evaluar futuras necesidades técnicas y financieras relacionadas con la reconstrucción.
